El primer mes de la nueva administración presidencial en Colombia ha marcado un giro drástico y contundente en las políticas de orden público y seguridad territorial. Desde el pasado 7 de agosto, la Fuerza Pública recibió instrucciones precisas de reactivar las operaciones ofensivas de alto impacto, combinando inteligencia militar, bombardeos tácticos e interdicción terrestre y aérea contra los principales grupos armados y organizaciones trasnacionales del narcotráfico.
Las cifras de un balance operativo sin precedentes
Durante la presentación del primer informe oficial de gestión, el presidente Abelardo De La Espriella reveló el balance alcanzado en apenas 30 días de despliegue operacional. El reporte consolidado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional refleja la escala del enfrentamiento contra el crimen organizado a lo largo y ancho del país:
Se concretaron un total de 14.914 capturas por diversos delitos de alto impacto.
Se incautaron 49.379 kilogramos de sustancias estupefacientes en diferentes corredores de movilidad.
Se decomisaron 1.485 armas de fuego de corto y largo alcance.
Se logró la erradicación efectiva de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca en zonas estratégicas.
Ráfaga de golpes estratégicos a las cúpulas armadas
La estrategia estatal combinó ataques dirigidos contra estructuras de las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y bandas internacionales. El pasado 4 de septiembre, un comando de la Dijín abatió en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, quien cayó junto a su pareja, alias la Bebecita, y dos escoltas.
De igual manera, en el departamento del Guaviare se ejecutó la Operación Azarías contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de Iván Mordisco, dejando 23 combatientes muertos y seis capturados, entre ellos alias Víctor, además de neutralizar a alias El Tigre o Pintado. En la misma región, la Operación Amón abatió a 10 integrantes de las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, incautando 19 fusiles y más de 29.000 cartuchos.
Por su parte, la Fuerza Aérea retomó los bombardeos estratégicos el 10 de agosto con la Operación Beta en Tibú y San Calixto, destruyendo cinco campamentos del ELN y 1,5 toneladas de explosivos. En Nariño, un ataque contra la columna Freddy Gutiérrez del Frente Franco Benavides dejó siete muertos, mientras que en Antioquia fue abatido alias Momo, jefe del Clan del Golfo, y en Meta se capturó con fines de extradición a alias Bonito, segundo al mando de los Comandos de Frontera.
Capturas de alcance internacional y lucha contra la extorsión
El despliegue de las autoridades también impactó las redes de crimen transnacional en los principales centros urbanos. En la localidad de Fontibón, en Bogotá, un operativo conjunto del Gaula, la DEA y autoridades de Perú permitió la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado jefe del Tren de Aragua en territorio peruano. En Sucre, comandos navales arrestaron a Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias Danilo, líder de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.
Finalmente, la Operación Diamante golpeó las redes dedicadas al secuestro y la extorsión en seis ciudades y ocho departamentos del país. Este procedimiento masivo dejó 111 personas capturadas, la liberación de dos ciudadanos secuestrados, la afectación directa a 15 estructuras delictivas y la incautación de 881 elementos utilizados para presionar el pago de vacunas a comerciantes.
Por qué importa: el retorno a la doctrina de presión militar
La ejecución de estas diez operaciones de gran escala representa una ruptura completa con el modelo de pacificación y treguas bilaterales anterior. Para la ciudadanía y los sectores productivos, la retoma de la iniciativa ofensiva por parte del Estado busca desarticular las fuentes de financiación del narcotráfico y restablecer la autoridad en regiones azotadas por la extorsión. Sin embargo, el gran reto para el Gobierno residirá en sostener la presencia institucional en los territorios despejados para evitar que los vacíos de poder sean ocupados por nuevos actores armados.
Antecedentes de ofensivas militares en los inicios de mandato
El despliegue de una arremetida operacional en las primeras semanas de gobierno cuenta con varios precedentes en la historia reciente de Colombia. En agosto de 2002, durante el arranque de la Política de Seguridad Democrática, las Fuerzas Militares lanzaron una serie de incursiones sostenidas para recuperar el control de las arterias viales y desplazar a las guerrillas de cascos urbanos clave.
De igual forma, en agosto de 2010, el inicio del periodo presidencial estuvo acompañado por intensos operativos de inteligencia que desencadenaron importantes victorias tácticas en el sur del país contra los máximos jefes de las insurgencias. Estos antecedentes demuestran que las demostraciones iniciales de fuerza buscan enviar un mensaje categórico de autoridad y redefinir las correlaciones de poder en el mapa del conflicto interno.
¿Crees que el aumento de las operaciones militares conducirá a la pacificación definitiva de las regiones? Deja tu comentario y comparte tu perspectiva.
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