Le atribuyen a Petro la baja de Bendito Menor tras cuestionarla: así fue la contradicción
Según Briceño, Guerrero cuenta con un despliegue de tres camionetas blindadas y hasta nueve escoltas, financiados con recursos públicos. Esta revelación ha desatado una ola de críticas, comparando la diligencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en este caso frente a la desprotección que enfrentan líderes sociales y ciudadanos del común en medio de la crisis de seguridad nacional.
La controversia sobre cómo Guerrero obtuvo estas medidas de seguridad ha generado un "fuego cruzado" de versiones:
La denuncia de Angie Rodríguez: La gerente del Fondo Adaptación aseguró en SEMANA que la UNP fue "inusitadamente veloz" para asignarle el esquema a Guerrero, incluso sin que ella fuera funcionaria pública ni reportara amenazas reales con pruebas contundentes.
La respuesta de Augusto Rodríguez (Director de la UNP): El funcionario intentó devolver la pelota, señalando que fue la propia Angie Rodríguez quien, el 6 de marzo de 2025, solicitó la protección para Guerrero el mismo día que fue nombrada en el Ministerio del Interior. Según el director, la solicitud incluía enlaces que supuestamente probaban los riesgos para la vida de la joven.
Las críticas en redes sociales no se han limitado a los números. El periodista Jacobo Solano denunció que el esquema de Guerrero varía entre seis y nueve hombres dependiendo de la región. Según Solano, cuando Guerrero llega al departamento del Cesar para sus encuentros políticos con figuras como el congresista Ape Cuello, el despliegue es tal que "parece que llega la primera dama".
Este nivel de protección ha profundizado el malestar ciudadano, pues se cuestiona bajo qué criterios técnicos una exasesora, hoy salpicada por el escándalo de títulos falsos y denuncias de presiones indebidas, mantiene un esquema superior al de muchos altos funcionarios del Estado y líderes en zonas de conflicto.
La pregunta que resuena en el Congreso y en las calles es por qué una persona sin votos, sin título profesional y sin cargo vigente maneja tal nivel de seguridad y, presuntamente, de influencia en el Dapre y el Ministerio de la Igualdad. Daniel Briceño calificó la situación como una "vergüenza para el país", señalando directamente la gestión de Augusto Rodríguez al frente de la UNP.
Mientras las investigaciones por falsedad en documento público contra Guerrero avanzan en la Fiscalía, el "terremoto" político en la Casa de Nariño continúa. La ciudadanía exige claridad sobre si los esquemas de protección se están utilizando como privilegios políticos para el círculo íntimo del presidente o si realmente obedecen a un análisis de riesgo objetivo.
El "Giro" en este episodio es la táctica de defensa de la UNP. Al revelar que fue la propia denunciante, Angie Rodríguez, quien pidió inicialmente la protección para Guerrero, el director de la entidad busca invalidar su testimonio actual por "incoherente". Sin embargo, esto abre un interrogante más peligroso: si la UNP asignó 3 blindados y 9 escoltas basándose solo en una carta con links de redes sociales, ¿qué tan riguroso es el proceso de evaluación de riesgos del Gobierno? El escándalo ya no es solo sobre el poder de Guerrero, sino sobre la posible fragilidad —o politización— de una entidad encargada de proteger vidas, que parece ser extremadamente eficiente para los amigos del poder y letalmente lenta para quienes están en la primera línea de riesgo en los territorios.
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