El enfoque en las políticas de seguridad e itinerarios de pacificación nacional en Colombia ha tomado un giro radical y categórico. A través de la expedición de tres actos administrativos oficiales, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella determinó el cierre definitivo de las mesas de conversación y negociación que se mantenían vigentes con distintas estructuras armadas al margen de la ley. La medida extingue de manera formal la estrategia de diálogo promovida durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
El desmantelamiento de los diálogos con las disidencias y grupos armados
La decisión gubernamental se materializó mediante la firma de tres resoluciones clave que anulan la interlocución con los actores armados. En primer lugar, la Resolución 343, fechada el 28 de agosto, decretó la terminación formal de la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), grupo asociado a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. Esta medida afecta directamente a las agrupaciones compuestas por los bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes.
El Ejecutivo fundamentó la cancelación de este espacio en el recurrente incumplimiento de los compromisos pactados por parte de los combatientes, asegurando que la falta de acciones concretas debilitó la confianza institucional y demostró una ausencia real de voluntad para avanzar hacia la reinserción a la vida civil.
Cancelación de los espacios sociojurídicos y agrupaciones de la Sierra
Por otra parte, la administración nacional oficializó la Resolución 349, la cual clausura formalmente el Espacio de Conversación Sociojurídico que se adelantaba con la estructura armada conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Al igual que en el caso anterior, el sustento jurídico del documento señala que los constantes hechos de violencia e infracciones dinamitaron la viabilidad de los acercamientos, impidiendo verificar una intención genuina de sometimiento a la justicia ordinaria.
Asimismo, el paquete de medidas se completó con la expedición de la Resolución 346. Este texto ordenó el cierre de la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción disidente nacida a finales de 2024 tras la fragmentación entre la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Con este acto, la Casa de Nariño dio por concluidos los intentos de concertación pacífica con los tres mayores bloques al margen de la ley.
Por qué importa: el cambio de rumbo en la seguridad nacional
El desmantelamiento de estas instancias marca una ruptura conceptual frente al modelo de negociación previa, restableciendo el uso prioritario de la fuerza pública para encarar el crimen organizado. Para la ciudadanía y las zonas rurales más impactadas por el conflicto, esta decisión implica una reactivación plena de las operaciones militares y policiales, redefiniendo las dinámicas de control territorial, la seguridad ciudadana y el gasto presupuestal en defensa.
Antecedentes de ruptura de negociaciones de paz en Colombia
La suspensión definitiva de procesos de negociación no es un escenario inédito en el historial político del país. Un antecedente directo ocurrió en febrero de 2002, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana decretó el fin de la Zona de Despeje en San Vicente del Caguán y la cancelación de las conversaciones con las Farc-EP, tras la cadena de secuestros y acciones bélicas que imposibilitaron la continuidad de la mesa. De igual forma, en enero de 2019, la administración de Iván Duque decidió levantar la mesa de diálogos con el ELN radicada en La Habana, Cuba, como respuesta al atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá. Ambos precedentes marcaron una transición inmediata hacia ofensivas militares de gran escala.
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