El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha dado un giro judicial determinante.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y señalada por la Fiscalía como la pieza clave en la entrega de sobornos a las presidencias del Congreso, ha recuperado su libertad. La decisión, proferida por el Juzgado 35 Penal de Bogotá, responde al vencimiento de términos, una figura legal que se activa cuando los plazos para iniciar el juicio oral se superan sin que el proceso avance efectivamente.A pesar de la gravedad de los cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, Ortiz podrá defenderse fuera de prisión. Este hecho no implica su inocencia, pero sí pone en evidencia las dificultades procesales de uno de los casos de corrupción más sonados del gobierno de Gustavo Petro, donde se investiga el presunto desvío de 4.000 millones de pesos para aceitar el trámite de las reformas gubernamentales en el Legislativo.
Los números del vencimiento: ¿Falla de la justicia o estrategia de defensa?
El núcleo de la liberación de Sandra Ortiz reside en un cálculo de días. Según el despacho judicial, han transcurrido 329 días desde que se radicó el escrito de acusación contra la exfuncionaria, superando ampliamente el límite de 240 días que estipula la ley colombiana para dar inicio al juicio oral.
Aunque la Fiscalía intentó frenar la solicitud alegando que la defensa utilizó "maniobras dilatorias" para retrasar el proceso, el juez desestimó estos argumentos, validando la posición de la Procuraduría y de la defensa de Ortiz. Con este fallo, la exconsejera deja la reclusión mientras el juicio, que apenas comenzó formalmente el pasado 10 de abril, continúa su curso bajo una nueva dinámica de libertad.
El "Mandado" de los 4.000 millones: El papel de Ortiz según la Fiscalía
La tesis del ente acusador sostiene que Sandra Ortiz no fue una espectadora, sino la ejecutora de un plan para comprar voluntades en el Congreso. Se le señala de haber sido la mensajera que entregó:
Mientras Ortiz recupera la libertad, tanto Iván Name como Andrés Calle permanecen privados de la libertad, lo que genera un contraste jurídico significativo en la opinión pública. Ortiz ha mantenido su inocencia de manera vehemente, llegando incluso a denunciar presiones indebidas por parte de la Fiscalía para que declare en contra de ministros del actual gabinete, lo que añade una capa de sospecha política al ya complejo caso judicial.
Un proceso que sigue vivo
Es fundamental reiterar que la boleta de libertad no cierra el expediente. El proceso por el escándalo de la UNGRD sigue en etapa de juicio oral, y las pruebas testimoniales y documentales seguirán siendo presentadas ante los jueces. La defensa de Ortiz, liderada por Mauricio Camacho, ha enfocado sus esfuerzos en señalar inconsistencias en la imputación, como la ubicación de contratos que inicialmente fueron vinculados a municipios del Atlántico y que, según nuevas pruebas, habrían sido ejecutados en Santander.
⚡ EL GIRO: ¿Libertad por justicia o por ineficiencia estatal?
El "Giro" de esta noticia radica en el mensaje que envía el sistema judicial. Que una de las presuntas operadoras de la red de sobornos más grande del último año quede en libertad no por falta de pruebas, sino por falta de agilidad en el juicio, es un golpe a la percepción de eficacia de la Fiscalía. Mientras el país observa cómo el caso UNGRD se ramifica hacia ministros y altos funcionarios, la salida de Ortiz de la cárcel podría debilitar la presión para lograr acuerdos de colaboración (principios de oportunidad). El interrogante ahora es si la Fiscalía podrá sostener el ritmo del juicio con la principal intermediaria en la calle, o si el "vencimiento de términos" terminará siendo el primer paso hacia una impunidad procesal en un caso donde el dinero de las emergencias terminó, presuntamente, en los bolsillos de la política.
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