El ambiente político en Colombia ha alcanzado un punto de ebullición tras las explosivas declaraciones de
La gravedad de las denuncias, que incluyen presiones indebidas y supuestos vínculos con grupos armados, ha llevado a la oposición a exigir respuestas inmediatas. En medio del programa El Debate, la congresista y senadora electa Jennifer Pedraza lanzó una pregunta directa al mandatario: "¿Cuál es su relación con Juliana Guerrero?".
El Dapre y el Ministerio de la Igualdad: ¿Bajo el mando de Guerrero?
Según el relato de Angie Rodríguez, Juliana Guerrero ejercería un control de facto sobre dependencias críticas como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y manejaría recursos estratégicos del Ministerio de la Igualdad y del Fondo Colombia en Paz. Rodríguez, quien manifestó temer por su seguridad tras revelar estos hechos, describió a Guerrero como la persona que realmente toma las decisiones de contratación y presupuesto, desplazando incluso a funcionarios con nombramientos oficiales.
La representante Jennifer Pedraza reforzó estas denuncias, calificando la situación como una "ebriedad de poder y de billete". Para la oposición, resulta inaceptable que una persona señalada por la Fiscalía por falsedad en documento público y fraude procesal —debido al escándalo de títulos universitarios falsos— siga siendo la delegada del presidente en instancias como el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
La respuesta de la oposición: "Nadie ha votado por ella"
Uno de los puntos que más indignación ha causado es la aparente falta de trayectoria política de Guerrero para ostentar tal nivel de influencia. Pedraza subrayó que "nadie nunca ha votado por ella" y que carece de la experiencia de otros líderes históricos de la izquierda que hoy se ven desplazados por este nuevo círculo de poder.
La valentía de Angie Rodríguez, quien siendo funcionaria del propio Gobierno ha decidido "poner el pecho" y denunciar lo que considera una degradación ética del proyecto del Pacto Histórico, ha sido reconocida por diversos sectores. No obstante, en redes sociales se ha desatado una campaña de desprestigio contra ella, lo que ha elevado las alarmas sobre posibles represalias.
Un Gobierno bajo la lupa judicial y ética
El caso de Juliana Guerrero se suma a una serie de ruidos que han afectado la credibilidad del Ejecutivo en temas de transparencia. El hecho de que Guerrero no aceptara los cargos imputados por la Fiscalía el mes pasado no ha sido impedimento para que, según las denuncias, siga manejando los hilos de la administración pública.
El país queda a la espera de una respuesta oficial por parte de la Casa de Nariño. La pregunta de Pedraza no es solo un cuestionamiento personal, sino una demanda de claridad institucional sobre quiénes son las personas que realmente están gobernando a Colombia y bajo qué intereses están operando los recursos destinados a la paz, la igualdad y la gestión del riesgo.
⚡ EL GIRO: ¿Poder en la sombra o desgobierno institucional?
El "Giro" de esta nueva crisis radica en la figura de la "reina sin corona". Mientras Petro intenta mantener su discurso de lucha contra la corrupción tradicional, las denuncias de sus propios funcionarios sugieren que ha permitido la creación de un nuevo tipo de clientelismo en las sombras. El riesgo para el presidente es doble: si defiende a Guerrero, valida a una figura con problemas judiciales; si la aparta, admite que bajo su mando se gestó un poder paralelo que él no controlaba. La pregunta de Jennifer Pedraza ha puesto al presidente en una encrucijada ética: ¿Es Juliana Guerrero un activo político o el mayor lastre para la integridad del Pacto Histórico de cara a las próximas elecciones?
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