La iniciativa del presidente Gustavo Petro de impulsar un proceso constituyente, revelado mediante la presentación de un borrador de proyecto de Ley, ha encontrado una pared de resistencia en diversos sectores políticos y en el ámbito jurídico de Colombia. La propuesta, que Petro ha justificado con la necesidad de implementar reformas que considera que están siendo bloqueadas por el Congreso y las Cortes, ha sido rápidamente calificada como "inviable" e "imprudente" por sus contradictores, particularmente por su lanzamiento a pocos meses de las cruciales elecciones presidenciales de 2026.
El presidente ha insistido en la necesidad de que el "Poder Constituyente" (el pueblo) se pronuncie sobre los destinos de la nación. Desde actos públicos como el realizado en Ibagué el pasado 3 de octubre, Petro ha llamado a la ciudadanía a ponerse en "modo constituyente" para transformar el país. Ha argumentado que la Constituyente no necesitaría hacer una nueva Constitución, pues "la actual sirve," pero sí serviría para "dar comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones" que superen los obstáculos de los "sectores profundamente retardatarios."
La Barrera Jurídica: Atajo a la Democracia y la Falta de Consenso
Una de las críticas más sólidas contra la propuesta de Petro es su inviabilidad jurídica, ya que la Constitución de 1991 establece procedimientos claros que, según los expertos, el proyecto presidencial estaría intentando evadir.
Bloqueo en el Congreso: Congresistas y juristas han recordado que la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar ineludiblemente por el Congreso de la República. El presidente del Senado, por ejemplo, ha señalado que “no veo viable esa posibilidad, porque no se le puede hacer un atajo a la democracia, ni un atajo al Congreso.”
Tiempos Ilegales: El Procurador General, por su parte, ha advertido que “Para convocar y hacer una asamblea nacional constituyente que termine exitosa se necesita mínimo año y medio,” un plazo que choca con la inmediatez de la propuesta de Petro y la renovación de poderes que se avecina.
Incoherencia y Desvarío: El director de Cambio Radical calificó la iniciativa de "incoherencia", mientras que otros senadores afirman que el país ya no está pendiente de los “desvaríos” del presidente, sino concentrado en la elección de un sucesor que devuelva el "orden y sensatez."
Estas reacciones indican que el presidente no cuenta con el consenso ni el clima político necesario para reformar la ley fundamental, menos aún cuando su gobierno no ha logrado liderar los acuerdos necesarios para aprobar reformas puntuales importantes, como la pensional o la de salud.
⚡ EL GIRO: La Acusación de "Cálculo Electoral" y Plataforma Política
El "Giro" en las críticas de la oposición se centra en el "oportunismo" de la propuesta, la cual es calificada como un cálculo electoral o una plataforma política de cara a 2026, más que una necesidad constitucional real.
Plataforma de Campaña: Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la iniciativa es “Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país.”
Intereses Particulares: El Partido de la U manifestó que la propuesta “Responde más a intereses particulares y cálculos electorales,” sumándose a la opinión de congresistas que creen que el gobierno sabe que no tiene "ninguna posibilidad real de concretarla," pero la impulsa por estrategia.
Alerta de Golpe Disfrazado: La precandidata presidencial María Fernanda Cabal fue más allá, sentenciando que una Asamblea Constituyente “no soluciona ningún problema real del país ¡Pero sí abre la puerta a un golpe de Estado disfrazado de legalidad!”
La presentación del articulado por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con 71 delegatarios y facultades extraordinarias para el presidente, solo ha avivado el debate. La oposición insiste en que el gobierno confunde el poder con la refundación y que, a tan pocos meses de las elecciones de 2026, el enfoque debería ser la unidad nacional y la solución de los problemas reales del país, no la división que, según ellos, genera la propuesta constituyente. La oposición se prepara ahora para "defender la democracia, la institucionalidad y el país mismo" en las urnas.
Considerando que la mayoría de los sectores políticos y juristas califican la propuesta de Petro como jurídicamente inviable, ¿cree que el presidente insistirá en el mecanismo de la Ley o que su verdadero objetivo es utilizar la bandera de la Constituyente para movilizar a sus bases de cara a las elecciones presidenciales de 2026? Comente su análisis sobre la viabilidad y la intención política detrás del borrador.
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