Le atribuyen a Petro la baja de Bendito Menor tras cuestionarla: así fue la contradicción
El reconocimiento de responsabilidad por parte de ocho exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde admitieron su participación en 49 ejecuciones extrajudiciales (conocidas como falsos positivos) en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, ha provocado un pronunciamiento cargado de pesar por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La declaración de Uribe, realizada el pasado miércoles 28 de junio, se centró en la decepción por la negación inicial de los implicados y el daño irreparable que estos crímenes causaron a la política de Seguridad Democrática que fue bandera de su gobierno.
El expresidente lamentó haber brindado su confianza a los militares que negaron estos hechos en un principio. Uribe, quien mantiene un "profundo cariño por los soldados y policías de Colombia", se mostró especialmente afectado por estas revelaciones, destacando la gravedad de cualquier delito de esta naturaleza, independientemente de la cantidad de casos o de la existencia de acusaciones falsas.
"El expresidente Álvaro Uribe lamentó la negación inicial de los militares implicados en los falsos positivos y expresó su descontento por haberles creído," señala el informe, reflejando el impacto emocional que tuvieron las admisiones en el exmandatario.
Además, Uribe mencionó el respaldo que, en su momento, brindó la Fundación de Herbin Hoyos a un caso de Dabeiba anterior a su periodo de gobierno. Sin embargo, su principal lamento fue el hecho de que estos crímenes "mancharon la seguridad democrática" que, según él, tanto contribuyó al país.
Los ocho exmilitares que comparecieron ante la JEP y realizaron la admisión pública de su responsabilidad en los falsos positivos, ocurridos durante el periodo de 2002 a 2006, son:
El coronel en retiro Efraín Enrique Prada Correa.
El sargento (r) William Andrés Capera Vargas.
El coronel (r) Edie Pinzón Turcios.
El sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco.
El mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo.
El sargento (r) Jaime Coral Trujillo.
El mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
El soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.
El "Giro" de estas audiencias se centró en la descripción del patrón macrocriminal expuesto por el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga de la Sala de Reconocimiento de la JEP. El magistrado explicó que estos casos no fueron incidentes aislados, sino que involucraron un patrón de asesinatos de campesinos por prejuicio insurgente y de guerrilleros que ya habían dejado las armas.
Más grave aún, se reveló que estas acciones se ejecutaron en un contexto de "alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares". Las consecuencias de estas acciones fueron catastróficas para las comunidades: estigmatización, desplazamiento forzado y la destrucción de proyectos de vida en Dabeiba e Ituango.
Los familiares de las víctimas resaltaron el "impacto incalculable" en sus vidas, haciendo hincapié en el "daño al buen nombre y la honra" de los pobladores de Dabeiba, que fueron señalados injustamente como colaboradores de la guerrilla. En un gesto de reparación, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrilla No. 26, se comprometió a contar toda la verdad y reparar el buen nombre de las víctimas y sus familias, un paso fundamental en el camino hacia la justicia y la verdad.
El debate sobre la Seguridad Democrática, manchada por estas revelaciones, exige ahora una investigación exhaustiva y la reparación adecuada de los daños causados a la sociedad colombiana por estos crímenes.
Considerando el daño que las ejecuciones extrajudiciales causaron a la política de Seguridad Democrática, ¿cree que el reconocimiento de la verdad por parte de los militares es suficiente para iniciar el camino de la reparación y la justicia en Colombia? Comente su análisis sobre las implicaciones de estas revelaciones ante la JEP.
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