El precandidato a la Presidencia denuncia un plan para “debilitar” su esquema, mientras la entidad lo califica de “robusto”.
El precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella y la Unidad Nacional de Protección (UNP) están enfrascados en una tensa disputa que ha escalado hasta los tribunales, poniendo en el centro del debate la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño y el manejo de los recursos estatales de protección.
De la Espriella interpuso una acción de tutela contra la UNP, alegando una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida e integridad. Según el precandidato, la entidad no le estaría brindando las medidas de protección necesarias para un aspirante presidencial, e incluso fue notificado en enero de 2024 de la supuesta finalización de su esquema (compuesto por cuatro personas y un chaleco blindado).
El abogado del precandidato, Germán Calderón España, busca que el juez ordene directamente al presidente Gustavo Petro y a la UNP que implementen un esquema de seguridad idóneo y completo tanto para De la Espriella como para su familia.
El 'Choque de Versiones' sobre el Esquema
La UNP no se quedó callada. A través de un comunicado, desmintió categóricamente al precandidato, asegurando que su equipo de seguridad no ha sido modificado ni reducido y que, de hecho, se mantiene un esquema "robusto" aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).
La entidad fue más allá, rechazando las afirmaciones que buscan "atribuir decisiones inexistentes al jefe de Estado" o a la propia UNP, calificándolas de desinformación que "erosionan injustamente la confianza en las instituciones".
⚡ EL GIRO: La Cifra de la Alarma
La defensa del precandidato busca acelerar el restablecimiento de las medidas de protección basándose en una alarmante afirmación: De la Espriella aseguró tener conocimiento de que estarían pagando ocho millones de dólares por “su cabeza”.
Esta revelación es la clave del conflicto. Mientras el precandidato argumenta que su vida está en riesgo por amenazas de alto calibre, la UNP ha desestimado las advertencias, exigiéndole "honestidad y responsabilidad en el debate público".
El fallo de la tutela será crucial, pues no solo definirá el esquema de protección de un precandidato, sino que sentará un precedente sobre cómo la UNP debe responder a las alertas de riesgo de los políticos en medio de una campaña electoral.
¿Cree usted que la UNP está siendo negligente ante un riesgo real, o que el precandidato está inflando la situación con fines políticos? Comente su opinión y comparta este artículo para seguir el debate.
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