En una declaración realizada el pasado miércoles 28 de
junio, el expresidente Álvaro Uribe expresó su opinión sobre el reciente
reconocimiento de ocho militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP). Estos militares admitieron su participación en 49 ejecuciones
extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas entre los años 2002
y 2006 en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia. Uribe manifestó su
decepción por la actitud inicial de los militares de negar estos hechos y
destacó el daño que estos casos han causado a la política de seguridad
democrática que implementó durante su gobierno.
El expresidente Álvaro Uribe lamentó la negación inicial de
los militares implicados en los falsos positivos y expresó su descontento por
haberles creído. Además, mencionó el respaldo que brindó la Fundación de Herbin
Hoyos, en ese entonces, a un caso en Dabeiba anterior a su gobierno. Uribe
destacó que estos actos mancharon la seguridad democrática que tanto contribuyó
al país y enfatizó la gravedad de cualquier delito de esta naturaleza, sin
importar la cantidad de casos o las acusaciones falsas. El expresidente, quien
siente un profundo cariño por los soldados y policías de Colombia, se vio
especialmente afectado por estas revelaciones.
Los ocho militares que comparecieron ante la JEP y
reconocieron su responsabilidad en los hechos son el coronel en retiro Efraín
Enrique Prada Correa, el sargento (r) William Andrés Capera Vargas, el coronel
(r) Edie Pinzón Turcios, el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, el mayor (r)
Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, el mayor
(r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y el soldado profesional (r) Levis de
Jesús Contreras Salgado. Estos militares admitieron públicamente su
participación en los falsos positivos.
Durante la audiencia de reconocimiento, el magistrado
Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, explicó que
estos casos involucraron el patrón macrocriminal de asesinatos de campesinos
por prejuicio insurgente y de guerrilleros que ya habían dejado las armas, en
un contexto de alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Estas
acciones generaron estigmatización, desplazamiento forzado y la destrucción de
proyectos de vida en las comunidades afectadas.
En respuesta a las revelaciones, familiares de las víctimas
expresaron el impacto incalculable que estos hechos han tenido en sus vidas,
incluyendo el daño al buen nombre y la honra de los pobladores de Dabeiba,
quienes fueron señalados injustamente como colaboradores de los grupos
guerrilleros. En este sentido, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante
del Batallón de Contraguerrilla No. 26, se comprometió a contar toda la verdad
y reparar el buen nombre de las víctimas y sus familias.
El pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe sobre el
reconocimiento de falsos positivos por parte de ocho militares ha generado un
debate en torno a la seguridad democrática y los impactos de estas acciones en
la sociedad colombiana. La admisión de responsabilidad de los militares ante la
JEP revela el patrón macrocriminal de asesinatos de campesinos y guerrilleros
desarmados, así como la estigmatización y el desplazamiento forzado que
resultaron de estas acciones. Es fundamental que se realice una investigación
exhaustiva y se asegure la justicia para las víctimas, así como la reparación
adecuada de los daños causados.
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